La justicia ya investiga el apoyo de Macri y sus ministros a los golpistas de Bolivia | En el fuero penal-económico están las denuncias que hizo el Gobierno y la de Eduardo Freiler



La denuncia del gobierno nacional por el envío de armas a Bolivia que realizó el gobierno de Mauricio Macri para colaborar con el golpe de Estado contra Evo Morales empezó a moverse en los tribunales en lo penal-económico, donde quedó radicada en el juzgado de Javier López Biscayart. Sin embargo, el escándalo no cede, especialmente después de que el exembajador argentino en La Paz Normando Álvarez García reconociera que podría haber existido un circuito paralelo para las 70.000 balas antitumulto que llevó consigo el grupo “Alacrán” de la Gendarmería, que llegó a Bolivia el 13 de noviembre de 2019, en las primeras horas del gobierno de Jeanine Añez (ver aparte). En el Ministerio de Seguridad, aguardan los resultados de las declaraciones que un instructor de la propia fuerza está tomando a los gendarmes que estuvieron desplegados en La Paz y que podrían explicar cómo podría haber funcionado ese “circuito paralelo”.

López Biscayart le pidió al gobierno que en las próximas 72 horas envíe la documentación que logró reunir desde que el jueves de la semana pasada estallara el escándalo del envío de armas a Bolivia. Se trata de un expediente especialmente sensible porque la denuncia por contrabando agravado que presentaron los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) junto con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont apunta contra el propio Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Álvarez García y el excomandante de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero, entre otros.

En el fuero penal-económico también tramita la denuncia del excamarista Eduardo Freiler. Esa presentación quedó en manos del juez Alejandro Catania, que ya delegó su trámite en el fiscal Claudio Navas Rial. La denuncia de Freiler habría ingresado antes que la de los ministros, por lo que podría quedar en manos de Catania el trámite de ambos expedientes. Eso será algo que se definirá con el correr de los días.

Un dato importante es que el fiscal Navas Rial, que entiende en las dos denuncias, es uno de los titulares de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFI-ARM). El viernes pasado, el otro responsable de esta oficina, el fiscal Gabriel González da Silva, inició una investigación preliminar para investigar qué había pasado con lo que pinta como un tráfico de armas ilegal a Bolivia. Por ahora, González da Silva sólo recibió información de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que fue la dependencia que autorizó a la Gendarmería a llevar 70.000 balas antitumulto 12/70. González da Silva quiere saber quiénes fueron los efectivos del grupo Alacrán que fueron enviados a La Paz con la misión de resguardar la embajada argentina. Es factible que pida que declaren como testigos los efectivos que fueron desplegados en el país vecino, no quienes dieron las órdenes (que podrían ser imputados).

Los alacranes

La Gendarmería ya designó a un oficial para que tome declaraciones en un expediente administrativo a los integrantes del grupo Alacrán que partieron a Bolivia en la noche del 12 de noviembre de 2019 a bordo de un Hércules de la Fuerza Aérea y que permanecieron allí hasta junio del año pasado. El grupo Alacrán, creado durante la guerra de Malvinas, fue una de las fuerzas especiales a las que Bullrich más promocionó. Uno de los datos más importantes es que se trata de un grupo que no maneja armas antitumulto, sino que opera armas letales. En ese sentido, es especialmente sospechoso que la Gendarmería haya pedido inicialmente el 11 de noviembre de 2019 viajar con 3600 balas antitumulto 12/70 y, al día siguiente, amplió el pedido para llevar 70.000. Todo fue autorizado por la ANMaC.

Según pudo saber Página/12, hubo tres contingentes de gendarmes en Bolivia, por lo que se esperan alrededor de 30 declaraciones que podrán dar detalles de cómo fue el accionar en Bolivia. En la denuncia del gobierno, están apuntados tanto el excomandante Otero como el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski –que fue quien pidió las autorizaciones a la ANMaC para el envío del armamento y de las municiones– como Carlos Miguel Recalde, el director de Operaciones que en julio del año pasado informó que los gendarmes habían usado la totalidad de las 70.000 balas antitumulto.

La nota que Recalde envió el 15 de julio del año pasado a la Dirección del Servicio Administrativo Financiero para pedir que le avisaran a la ANMaC y a la Aduana que se habían gastado las 70.000 balas en entrenamientos –una fuerza especial que no usa ese tipo de armamentos– es, al menos, curiosa porque no están copiados en la notificación ninguno de sus superiores.

Otero ya pasó a retiro con el cambio de gestión. La ministra Frederic puso a Recalde y Yavorski, que estaban en funciones, en disponibilidad mientras se sustancia la investigación administrativa, que puede extenderse hasta los seis meses (se espera que el plazo sea menor, pero los tiempos son extensos para garantizar el derecho de defensa). El tercer oficial de la Gendarmería puesto en disponibilidad fue el jefe de los alacranes, Fabián Manuel Salas. El resto de los gendarmes serán escuchados como testigos y siguen en sus puestos, informaron a este diario.

Lo que digan los gendarmes servirá para entender cuál fue el panorama en Bolivia y cómo se gestó el viaje. Sobre todo podrán explicar si existió algún tipo de entrenamiento o si nunca tuvieron en su poder las balas AT 12/70. En la embajada en La Paz, se encontró una carta que el 13 de noviembre de 2019 envió el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara agradeciéndole a Álvarez García por la colaboración y acusando recibo de 40.000 balas de ese tipo. El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, también confirmó que tenía en su poder una copia de la misiva de Terceros Lara con el sello del agregado naval argentino, lo que contradice la estrategia de negar la existencia o la autenticidad de la nota. Resta saber qué pasó con las otras 30.000 balas que Recalde dijo que se habían gastado en prácticas de tiro.



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